UGT acaba 2023 como primer sindicato en Cantabria pese al empuje de CC OO

La entidad dirigida por Carmona recupera el terreno cedido, aunque sin apenas diferencia con Comisiones Obreras; y USO sigue creciendo

 

UGT ha vuelto a cerrar otro año como primer sindicato de Cantabria. El dato no implicaría novedad de no ser porque Comisiones Obreras anunció y documentó en junio que había superado a la Unión General de Trabajadores en delegados y, en consecuencia, en representatividad. De hecho, según explicó en aquel momento la organización que pilota Rosa Mantecón, habían aguardado hasta tener un colchón suficiente para consolidar dicho adelantamiento.

Incluso el propio secretario general nacional de Comisiones Obreras, Unai Sordo, insistió en dicha tesis en su visita a Santander en octubre, de modo que respaldaba la reivindicación de CC.OO. de gozar de otro papel y mayor protagonismo dada su nueva preponderancia dentro de la representación social en la Comunidad.

Con todo, las cifras certificadas por la Dirección General de Trabajo de Cantabria a 31 de diciembre -que fijan las subvenciones o la representación social, entre otros- presentan a UGT en primer lugar con 1.355 delegados, seguido muy de cerca por Comisiones Obreras con 1.351. Una diferencia mínima pero que sí ratifica la recuperación de la organización comandada por Mariano Carmona en la segunda mitad del ejercicio. El propio lider sindical de UGT ya avanzó en diciembre, antes del Comité Regional, su expectativa de poder finiquitar el ejercicio en primera porsición, pero Trabajo todavía no había remitido los datos definitivos.

En tercer lugar aparece USO, con 459 delegados, a los que suma otros cinco de la Asociación de Policía Local y Bomberos (APLB). El sindicato apostilla que le faltan, por error, otros dos por agregar, hasta los 466 totales. En cuarta posición se mantiene CSIF con 171 representantes, mientras que ya a mucha distancia figura la Conferencia Sindical Independiente Fetico con 80 delegados. En total, hubo 3.925 delegados sindicales en 2023, de los cuales los dos sindicatos mayoritarios del país, y de Cantabria, atesoraron 2.706, el 68,94%.

En relación al término de 2022 ambas formaciones han perdido tanto delegados como representatividad. En concreto, UGT contaba con 1.410 a 31 de diciembre de 2022 (el 35,76% frente al 34,52% actual); mientras CC.OO. ostentaba 1.372 (34,8% del total frente al 3,42% actualizado).

A larga distancia sgue USO, aunque en su caso ocon trayectoria ascendente. En 2022 disponía de 434 representantes (11,01% frente al 11,8% del cierre de 2023). CSIF, por su parte, se aleja progresivamente del simbólico cinco por ciento de representatividad. En 2022 contaba con 174 portavoces y el 4,41%; ahora los mencionados 171 y un 4,36. En total, en 2022 se repartieron 3.943 delegados, el 70.56% copado por las dos principales organizaciones.

Valoraciones

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, opina que su primera posición "no es algo novedoso en una organización de 135 años de historia que siempre ha contado con un respaldo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras. No es novedoso y tampoco es por casualidad. En su amplia trayectoria en Cantabria, UGT no ha dejado de desarrollar una amplia red de servicios para satisfgacer las necesidades de nuestros afiliados y afiliadas y de las personas trabajadoras de todas las actividades profesionales y en todas las comarcas de Cantabria", detalla.

"Que seamos el primer sindicato de Cantabria es el resultado de ese trabajo diario en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; es el resultado de nuestros servicios de asesoría jurídica, de asesoría laboral, de orientación laboral para las personas jóvenes, de medio ambiente, de igualdad, de prevención de riesgos laborales o de formación sindical", anota.

Desde CC.OO. señalan que "2023 ha sido un año histórico para CC.OO. de Cantabria en lo que a representación se refiere. Por primera vez en nuestra historia nos convertíamos hace ahora casi un año, el 16 de febrero, en el sindicato con mayor número de delegados y delegadas de la comunidad. Y, más allá de las cifras, el hito es fruto de un trabajo y evolución de años donde, paulatinamente, hemos ido ganando representatividad en las empresas y posicinándonos como sindicato líder".

UGT FICA Viesgo celebra su II Conferencia Sindical

En esta conferencia la Sección Sindical UGT FICA Viesgo ha elegido a su nueva Comisión Ejecutiva Estatal

 

El pasado día 30 de enero, se ha celebrado en los locales de la Federación Regional de UGT la II Conferencia de la Sección Sindical UGT FICA Viesgo en un ambiente de absoluta normalidad institucional. En dicho evento, además de la reelección de Enrique Acereda López como Secretario General de UGT Viesgo, se ha renovado la Comisión Ejecutiva estatal que integrará el equipo coordinado por su Secretario General.

En esta Conferencia se aprobado la gestión realizada por la Comisión Ejecutiva Saliente de los últimos 4 años y el proyecto sindical de UGT FICA Viesgo, basado en la negociación del futuro Convenio Colectivo para 2026 y mantener en la negociación colectiva, como linea principal, la vinculación de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Viesgo a IPC, proyecto que fue aprobado por el 100% de los delegados asistentes a la Conferencia.

Como invitados a la II Conferencia de la Sección Sindical UGT Viesgo han acudido representantes de UGT de Repsol, Iberdrola, Endesa y EDP como principales empresas del sector. También acudió al acto Gustavo Vargas como responsable del Sector de Energía y Agua de UGT FICA Estatal que cerró el acto, y Ana del Pozo como responsable de Administración, Recursos y Elecciones Sindicales de UGT FICA Cantabria.

Ana del Pozo, en su intervención, quiso destacar "la fuerte implantación de UGT Viesgo en UGT FICA Cantabria, tanto a nivel de afiliación activa y pasiva, siendo de las mayores de la región, como la participación en la Federación a nivel regional, teniendo al responsable de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT FICA Cantabria entre los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva elegida".

 

La nueva comisión ejecutiva de UGT FICA Viesgo queda conformada por los siguientes miembros:

Secretaría General:  Enrique Acereda López

Secretaría de Organización, Administración e Igualdad:  Sara González Pinto

Secretaría de Acción Sindical, Distribución y Comunicación:  Oscar Fernández Múgica

Secretaría de Seguridad y Salud y Medio Ambiente:  Alfonso Vergara Solana

Secretaría de Formación, Clasificación Profesional y Necesidades:  Lucas Novo Sanmartin

Secretaría de Producción:  Luis Carlos Crespo Corona

Secretaría de Begasa: Marino Peláez Díaz  

Secretaría de Beneficios Sociales:  Raúl González Fernández

Secretaría de Pensiones: Jose Ignacio Sánchez Arnáiz

Secretaría de Pasivos:  Eduardo Moral

Una empresa es condenada a indemnizar con más de 73.000 euros a un sindicato por obstaculizar el Plan de Igualdad

La Justicia falla que se vulneró la libertad sindical al dificultar reiteradamente la negociación colectiva

 

La Audiencia Nacional ha condenado a una empresa dedicada a la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales a indemnizar a un sindicato con 73.000 euros, más otras dos cuantías adicionales, por vulnerar la libertad sindical de este al obstaculizar de manera reiterada la negociación colectiva y elaboración del Plan de Igualdad.

El Sindicato Colectivo Independiente de Trabajadores de Prevención y Salud (CITPS) demandó a la empresa condenada en septiembre de este año por no aportar la información necesaria y requerida por el sindicato, desatendiendo así su obligación de negociar el Plan de Igualdad de forma efectiva con la representación de los trabajadores.

El fallo dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ha sido dado a conocer por la abogada y periodista Estela Martín, ha estimado la demanda, condenando a la empresa a cesar inmediatamente con su conducta originadora de la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical amparado en el artículo 28 de la Constitución Española.

 

Información incompleta y desactualizada

 

El presente caso parte del conflicto generado tras la fusión de dos empresas, de las cuales una sí que tenía un plan de igualdad pero la otra nunca lo había tenido. Tras la fusión, se le da un margen a la empresa para negociar el plan de igualdad, constituyéndose la comisión de igualdad de negociación un año después y se solicita a la empresa un diagnóstico unilateral. A partir de ahí dan comienzo negociaciones en las que se requiere auditoria, registro retributivo y desglose de los puestos de trabajo. Sin embargo, en 2021 la empresa todavía no había aportado ninguna información requerida por el sindicato, alegando que los datos de auditoría están pendientes de la gestoría.

En el año 2022 la representación de trabajadores interpuso demanda ante la Inspección de Trabajo, solicitando este organismo la necesidad de auditoria y registro a la empresa, a lo que la demandada contesta que se ha contratado a una empresa externa para realizar el registro retributivo, afirmando que el mencionado registro y valoración de puestos se conseguirá en enero de 2023. Sin embargo, en diciembre de 2022 la demandada aún no había pasado todos los datos a la empresa externa para hacer el diagnóstico.

No fue hasta julio de 2023, a punto de cumplirse tres años desde el inicio de las negociaciones del Plan de Igualdad, cuando tras comunicar el sindicato que estaban preparando la demanda, la empresa aporta una auditoria elaborada por la empresa externa. Pero la auditoría aportada resultó ser incompleta y estar desactualizada, pues los datos analizados eran de 2021 (contrario a la ley, los datos deben ser los del año natural en curso).

En la demanda interpuesta por el sindicato, y a la que adhirieron Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, se apelaba la deficiente elaboración de la autoría retributiva de la empresa y la existencia de una negativa reiterada en el tiempo para la entrega de la información necesaria para la realización del diagnóstico de situación para elaborar el Plan de Igualdad.

El sindicato demandante afirmaba que desde hacía más de tres años, y con más de veinte reuniones celebradas en ese periodo, lo único que ha aportado la empresa es información desactualizada, sesgada (faltan datos) e insuficiente. Pues la empresa había dado largas, simulando una negociación inexistente e impidiendo la negociación colectiva.

La empresa obstaculizó el Plan de Igualdad

 

La Audiencia Nacional (AN) ha dictado que la empresa, a quien le corresponde obligación de contar con el mencionado plan, ha impedido la negociación del mismo, cuando este es un instrumento de gran relevancia para alcanzar la igualdad entre los trabajadores. Y no solo lo ha impedido desde un punto de vista temporal, sino también desde un punto de vista material.

La Sala de lo Social alcanza la conclusión de que la actividad sindical, en su vertiente de negociación colectiva, se ha visto frustrada “por una conducta empresarial ausente de justificación que ha malogrado la aprobación del Plan de Igualdad en el plazo legalmente previsto”, un plazo que ha sido incumplido “a todas luces”.

Pues, reunión tras reunión, la representación de los trabajadores reiteró y requirió “hasta la saciedad” a la parte empresarial a que presentara los datos necesarios e imprescindibles para la elaboración del diagnóstico de la situación (elemento imprescindible para elaborar el plan de igualdad), y reunión tras reunión sólo se obtuvieron respuestas evasivas, amparadas en supuestas dificultadas técnicas, informativas, de cambios de gestoría o atinentes a la actividad de la empresa contrata para elaborar el registro retributivo, excusas o, directamente, no aportaban la información.

Es más, la AN recalca que ni siquiera las actuaciones de la Inspección de Trabajo sirvieron de motivación a la empresa condenada para cambiar su actitud obstaculizadora.

No puede entenderse que ha habido negociación de buena fe, cuando quien tiene la obligación de tener un plan de igualdad y, por tanto, debe asumir el impulso negociador, no solo no lo asume, sino que adopta una actitud impeditiva del mismo, ralentizando la negociación y retrasando al límite la entrega de documentación”, afirman los magistrados en la sentencia.

Por todo lo expuesto, la conclusión alcanzada por la Sala de lo Social es que la empresa carece de un Plan de Igualdad actualizado al desatender su obligación de negociar dicho Plan de forma efectiva con el sindicato.

En consecuencia, el fallo de la AN condena a la empresa a abonar al sindicato en concepto de daños y perjuicios  73.000 euros, por el plazo transcurrido desde la fecha final para la aprobación del Plan de Igualdad y la interposición de la demanda; 108,51 euros día por el periodo transcurrido desde el día siguiente a la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha de la presente resolución; y 144,68 euros día por el periodo transcurrido desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución hasta aquél en que concluya el procedimiento de negociación y se apruebe el definitivo Plan de Igualdad.

No existió negociación de buena fe

 

Cabe recordar que el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, impone la obligación de elaborar un Plan de Igualdad a las empresas que cuenten con una plantilla de cincuenta personas trabajadoras o más.

Asimismo, dicho RD recoge que el inicio del proceso de negociación de los planes de igualdad, deberá producirse en los tres meses siguientes, al momento en que hubiesen alcanzado las personas de plantilla que lo hacen obligatorio. Y, en todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su Plan de Igualdad en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento de negociación.

Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deben ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras, constituyéndose la comisión negociadora con participación paritaria de la representación de la empresa y de las personas trabajadoras. Las partes han de negociar de buena fe -algo que no ha sucedido en el presente caso enjuiciado– con vistas a la consecución de un acuerdo.

Por tanto, dicho acuerdo requerirá a conformidad de la empresa y de la mayoría de la representación de las personas trabajadoras que componen la comisión.

El RD mencionado también establece que una vez que se haya constituido la comisión negociadora, y a los efectos de elaborar el diagnóstico de situación, las personas que la integran tendrán derecho a acceder a cuanta documentación e información resulte necesaria a los fines previstos, estando la empresa obligada a facilitarla.

BlackRock será el mayor propietario de energéticas en España con GIP

BlackRock, la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo, se convertirá en el mayor propietario de empresas energéticas en España gracias a una inversión conjunta con Global Infrastructure Partners (GIP).

Según informes recientes, BlackRock y GIP han llegado a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Viesgo, una compañía de energía con sede en España. Como resultado de esta transacción, BlackRock y GIP poseerán aproximadamente el 75% de Viesgo.

Esta adquisición posicionará a BlackRock como uno de los principales actores en el sector energético español, lo que refuerza su compromiso con las inversiones en energías renovables y su interés en oportunidades de crecimiento en Europa. Además, esta operación fortalecerá su cartera de activos de infraestructura energética en todo el mundo.

Viesgo es una empresa energética líder en España, que cuenta con una amplia presencia en el mercado de generación y distribución de electricidad. Con esta adquisición, se espera que BlackRock y GIP impulsen la capacidad de Viesgo para expandirse y diversificar sus operaciones en el país.

Esta colaboración entre BlackRock y GIP demuestra el atractivo de España como mercado de energía y subraya la confianza de los inversores internacionales en el sector energético del país. Además, la inversión de BlackRock en Viesgo es un claro indicador de la creciente importancia de las energías renovables en el panorama energético global.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué es BlackRock?

BlackRock es la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo, ofreciendo servicios de gestión de activos a clientes institucionales y particulares en todo el mundo.

2. ¿Quién es Global Infrastructure Partners (GIP)?

Global Infrastructure Partners (GIP) es una firma de inversión global especializada en infraestructuras y energía. GIP gestiona varios fondos con un enfoque en inversiones en infraestructura de ingreso estable.

3. ¿Qué es Viesgo?

Viesgo es una empresa de energía con sede en España que opera en el mercado de generación y distribución de electricidad.

4. ¿Cuál es el objetivo de la adquisición de Viesgo por parte de BlackRock y GIP?

La adquisición de Viesgo tiene como objetivo principal fortalecer la posición de BlackRock y GIP en el sector energético español, así como expandir y diversificar las operaciones de Viesgo en el país.

5. ¿Qué impacto tendrá esta adquisición en el mercado energético español?

Esta adquisición posicionará a BlackRock y GIP como uno de los principales actores en el mercado energético español y fortalecerá la capacidad de Viesgo para crecer y diversificar sus operaciones en el país.

La CNMC mantiene los peajes eléctricos para 2024: cae la retribución para transporte y aumenta en distribución

Red Eléctrica percibirá un 10% menos que en 2023 mientras que las distribuidoras tendrán una retribución mayor

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene prácticamente los peajes del sistema eléctrico, es decir para la red de transporte y de distribución, de cara al próximo año.

Según la propuesta de Resolución por la que establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2024, que está en trámite de información pública hasta el próximo 18 de diciembre, la retribución total a los peajes será de 6.377 millones cuando prevé cerrar la de este año en 6.372 millones.

Lo único que cambia algo es el reparto. Mientras que a la red de transporte, es decir, a Red Eléctrica, le cae la retribución un 10% hasta los 1.183 millones (ha tenido 1.318 millones en 2023) mientras que esos 135 millones se destinarán a la red de distribución que cobrará 5.194 millones, un 2,8% más. En total, la subioda es de 0,1%.

Será en 2025 cuando la subida de la retribución sea real y alcance un 2,9% más frente a el próximo año, con una subida a la distribución del 4%. Eso hará que los peajes para 2025 sean un 2,2% superiores a los de 2024.

En cuanto a tarifas se refiere, la 6.4 TD, que es la que corresponde a los consumidores industriales, tendrá una retribución menor del 12% mientras que la tarida 2.0 TD, la de domésticos es la que más sube con un 1,7%.

Cae la demanda

Según explica la CNMC, el Operador del Sistema (REE) estima que la demanda en barras de control (b.c.) nacional alcanzará 244.443 GWh, un 2,4% inferior a la demanda en b.c. registrada en 2022 (250.522 GWh) y un 0,6% superior a la demanda en b.c. registrada en los últimos doce meses (243.068 GWh).

La variación de la demanda en b.c. prevista para el cierre de 2023 se explica por la reducción de la demanda en b.c. en península y Ceuta parcialmente compensada por el incremento de la demanda en Baleares y Canarias.

En particular, el OS prevé una reducción de la demanda del -2,7% y del -3,4% en los subsistemas peninsular y ceutí, respectivamente. Por el contrario, estima un incremento de la demanda del 1,2% y 2,7% en los subsistemas balear y canario con respecto a la demanda del año 2022. Para el subsistema melillense el OS prevé que la demanda se mantenga en los niveles de 2022.

Se estima que en el ejercicio 2024 la demanda en b.c. del sistema nacional se mantendrá en niveles similares a los previstos para el cierre de 2023 en todos los subsistemas. En particular, se estima que la demanda en b.c. nacional alcance los 242.820 GWh, un 0,1% inferior a la demanda en b.c. prevista para el cierre del ejercicio 2023 sin crecimiento en la península y con aumentos moderados en todos los subsistemas no peninsulares con la excepción del subsistema balear, para el que se prevé una contracción de la demanda del 0,8%.

Incrementa el autoconsumo

En cuanto a autoconsumo se refiere, la CNMC prevé que se cierre este 2023 con una potencia total instalada de 5.627 MW para un total de casi 425.000 clientes autoconsumidores en todo el país.

De ellos, están acogidos a la tarifa 2.0 TD (domésticos y pymes) algo más de 400.000 mientras que solo 3.400 son tarifa de alta tensión, 8 sólo en la 6.4 TD.

Se nota que en 2023 ha habido un freno en autoconsumo debido a una caída de los precios y a una peor situación económica, inflación incluida, que hace que los consumidores se piensen dos veces instalarse paneles solares en casa.

Eso sí, para 2024 la CNMC prevé que haya un nuevo boom en autoconsumo con un fuerte incremento de clientes hasta alcanzar los 712.000 en total para una capacidad de 7.712 MW, es decir casi 2.100 MW más de potencia. Eso hará que se contraiga un poco el consumo.

Asimismo, la CNMC recuerda que existe un peaje especial para el vehículo eléctrico para lo que el titular de punto de suministro deberá acreditar:

a) Que el punto de suministro será de utilización exclusiva para la recarga de vehículos eléctricos.
b) Que el punto de recarga será de acceso público.

Por último, las rentas de congestión de la interconexión con Francia serán destinadas a la financiación de la interconexión entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya.